CASTILBLANCO

Hoy en el patio de columnas de la Diputación Provincial de Badajoz a las 20 horas se presenta el libro CASTILBLANCO . El acto será presentado por el catedrático de la Universidad de Alicante, D. Glicerio Sánchez Recio, autor del estudio histórico introductorio y de las notas, de esta reedición, llevada a cabo por el Servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante. También intervendrá el profesor Julián Chaves Palacios.

Se trata de una nueva edición de este libro, que fue publicado en Madrid inicialmente en 1933, por Jiménez de Asua, Vidarte, Rodriguez Sastre y Trejo pero ahora en una cuidada reedición llevada a cabo por el servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante, va enriquecida con un texto introductorio y notas, a cargo del catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Alicante, Glicerio Sánchez Recio.

Los sucesos de Castilblanco del 31 de diciembre de 1931 produjeron un fuerte impacto sobre la opinión pública española.

El Gobierno de la conjunción republicana socialista (primer bienio) pretendía llevar a cabo un programa de reformas profundas en el sector de la agricultura, que afectara a la propiedad de la tierra, a los arrendamientos, a los salarios de los jornaleros y a los horarios de trabajo; y todo ello dentro de la estricta legalidad. En definitiva, lo que pretendía el Gobierno republicano era elevar la dignidad del trabajador de la tierra al nivel de los trabajadores de la industria.

Esta política tendría que enfrentarse a una doble oposición: la del inmovilismo de los terratenientes y latifundistas, y la de las organizaciones de los jornaleros más radicalizados, afiliados mayoritariamente a la CNT, que consideraban las reformas republicanas excesivamente moderadas.


Castilblanco recoge los textos del informe del fiscal militar y de los discursos de la defensa que cuatro prestigiosos abogados socialistas, encabezados por el entonces catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, Luis Jiménez de Asúa, pronunciaron en el consejo de guerra que se celebró en Badajoz en julio de 1933 contra veintidós jornaleros afiliados a la UGT y a la Casa del Pueblo, acusados por la muerte de los cuatro guardias civiles de la localidad, ocurrida el 31 de diciembre de 1931, al final de una manifestación pacífica que la intervención desmedida de las fuerzas del orden, por instigación del alcalde del pueblo que a la vez era el encargado de uno de los latifundistas del término municipal, convirtió en un linchamiento múltiple tras producir la muerte de uno y herir a otro de los manifestantes. Ante la singularidad de los hechos y la repercusión que podrían tener sobre la política agraria del Gobierno republicano, el PSOE designa como defensores a cuatro de los abogados más prestigiosos que tenía en sus filas. De la lectura de estos textos, a pesar de la retórica judicial, puede extraerse, además de la descripción de los hechos, el testimonio de las condiciones de la vida en el medio rural extremeño, en los años veinte y treinta, extensible a toda la meseta y Andalucía. Por lo que su valor historiográfico es indudable.