Edón Olorza presentó una Proposición No de Ley para reconvertir el Valle de los Caídos en un lugar para la reconciliación de todos los españoles, y este miércoles pasado se votaba para saber si el monumento franquista debería cambiar de "aspecto", o seguir como está. Conociendo la deriva del PP en todo lo referente a la LMH se preveía el resultado final. Los populares han sacado el rodillo de su mayoría "absolutista" y el Valle se queda tal y como está.
Rocío López, diputada del PP ha puntualizado que:
“El valle de los Caídos es una iglesia y un cementerio. Es un recinto sin significación política. Dejen descansar a los muertos. Dejen cicatrizar las heridas que tuvieron abiertas dos generaciones de españoles”. Todos sabemos que ese monumento es mucho más, es un homenaje al franquismo y que se construyó principalmente para perpetuar la memoria de la "cruzada". Es cierto que allí hay enterrados restos de republicanos, pero estos restos fueron robados clandestinamente de lo que ellos llamaban cementerios "especiales", o lo que es lo mismo, de las fosas comunes que aún hoy en día están repartidas por toda la geografía española.
Sí el PP es un partido democrático que nada tiene que ver con Franco y su dictadura, no logramos entender esa cerrazón a resignificar el Valle de los Caídos, y no lo entendemos porque toda la oposición, y entre ellos dos partidos de derechas, PNV y CIU, están a favor del cambio democrático en Cuelgamuros. El PP ha usado su "dictadura" democrática -su mayoría absoluta-, para imponer su voluntad. A veces me pregunto que pinta la oposición cuando un partido tiene la mayoría absoluta.
Mientras que el Gobierno central no quiere ni oír hablar del Valle de los Caídos, en Aravaca se pasan la Ley 52/2007, por el "Arco del Triunfo". En este distrito madrileño le han dedicado una glorieta a Cirilo Martín Martín, primer alcalde franquista y miembro de la CEDA. Cirilo firmó la denuncia que llevó a la detención y posterior fusilamiento de Santiago Domínguez, militante socialista, afiliado a la UGT y alcalde del municipio durante la II República.
Santiago Domínguez se entregó voluntariamente en el estadio Chamartín en abril de 1939 y fue sometido a un juicio de urgencia que terminó con la sentencia a muerte el 30 de octubre de ese mismo año. El juzgado lo condenó por ser
"de UGT, del partido socialista, pertenecer a ejército republicano, fundador de la Casa del Pueblo, concejal del ayuntamiento y alcalde en Aravaca". Todo este "terrible" currículum le hacía culpable de los asesinatos en Aravaca,
"22 vecinos y 72 personas llevadas de fuera, siendo él responsable de todos estos crímenes”.
Todo esto parece una siniestra broma.
Información extraída de
Público y
La Marea.
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