El Confidencial desvelaba un informe reservado donde se apuntaba el verdadero motvo por los que Marlaska ha cesado a Pérez de los Cobos:
"... por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento". De esto se ha hablado mucho y dicen que es una injerencia en el poder judicial, pero no es cierto, ya que no se pide que se informe del contenido de las investigaciones, sino del desarrollo de las investigaciones a fines de conocimiento, que es otra cosa distinta. Rajoy en tiempos ya exigía a la Guardia Civil informar sobre sus investigaciones:
"La turbulenta crisis desatada tras el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por un informe para la jueza que investiga al delegado del Gobierno ha colocado en el disparadero al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general del Instituto Armado, María Gámez. Con la oposición pidiendo al unísono sus cabezas, la crispación llegó este martes a su cénit tras publicar elconfidencial.com el confuso texto de la propuesta de cese donde Gámez explicaba la destitución del mando "por no informar del desarrollo de investigaciones". Pero la bronca ha tenido un efecto inesperado: desempolvar una instrucción interna dictada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 y que pasó a obligar a todas las unidades de policía judicial a informar cada semana a la cúspide del Cuerpo sobre las operaciones en marcha". Infolibre
Zoido en 2016 relevó al Teniente General Cándido Cardiel:
Juan Ignacio Zoido continúa con su remodelación en el equipo de Interior. El ministro ha decidido este jueves el relevo del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Cándido Cardiel Ojer, que fue nombrado por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba hace casi siete años y al que mantuvo en el puesto Jorge Fernández Díaz.
El nuevo número dos del cuerpo será el teniente general de la Guardia Civil Pablo Martín Alonso, que hasta ahora desempeñaba el mando de Operaciones de la Guardia Civil. Martín Alonso pasa a ser la mano derecha del nuevo director general de la Guardia Civil, el magistrado salmantino afincado en Sevilla José Manuel Holgado Merino.
Cambios como el efectuado por Marlaska lo llevamos viendo desde siempre, solo que ahora canta mucho más. Hay una ofensiva totalmente descarada para cargarse al Gobierno de coalición, y la escusa de la COVID-19 y el 8-M está resultando recurrente.
Como hemos apuntado anteriormente este cese no es ninguna agresión a la Guardia Civil, en todo caso afectaría única y exclusivamente en el honor o el prestigio de Pérez de los Cobos. Ya sabemos quien va a sustituir a Pérez de los Cobos y es un compañero suyo del Cuerpo de la Guardia Civil, como no podía ser de otra forma, el "teniente coronel David Blanes González, como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Un alto mando en la Benemérita, con un currículum brillante, pero que no ha recibido el reconocimiento de ningún miembro de la derecha. Hoy sólo importa desprestigiar al ministro Grande-Marlaska" (Diario 16).
En el periódico intoxicador El Mundo informan de que "... Antes de designar a Blanes, el Ministerio del Interior y la Dirección General han sondeado a varios coroneles para ver si estarían en disposición de ocupar la plaza que dejaba vacante Pérez de los Cobos. Según informan fuentes del Instituto Armado", Tenemos que fiarnos de sus palabras, ni sabemos el nombre de de esas "fuentes del Instituto Armado"; ni tampoco sabemos el nombre de esos coroneles que se han negado a coger la vacante de Pérez de los Cobos; ni tampoco sabemos cuantos mandos de la Guardia civil si estarían prestos a colaborar con el Gobierno y aceptar el cargo que ostentaba De los Cobos. Lo cierto es que no ha habido grandes dificultades para encontrar sustituto: "a rey muerto rey puesto".
El problema como siempre es que Marlaska en un principio no dijo toda la verdad. Se supo desde el prinicipio que fue una pérdida de falta de confianza y Marlaska aludió tan solo a un cambio de equipo. Ahí es donde está a mi juicio el único problema. Pero lo que ocurre en España se salta la normalidad democrática. Por eso el PP no debiera de pedir la dimisión de nadie, al menos en estos turbios asuntos.
Leamos un artículo de Ignacio Escolar:
En una democracia avanzada, sería intolerable que el ministro del Interior se interesara por una investigación policial que afecta al Gobierno. O que el ministro cesara a un mando policial por no avisar de un informe, encargado por una jueza que investiga a un dirigente del partido en el poder. O que ese mismo ministro mintiera en sede parlamentaria, ocultara las verdaderas razones para esa destitución y diera hasta tres versiones distintas de lo que ocurrió.
En Suecia, en Noruega, en Canadá... cosas así serían intolerables, inadmisibles, impropias. Sin duda lo son. Hay motivos para una dimisión y ojalá viviéramos en un país donde estos actos tuvieran consecuencias. Lástima que España no sea una democracia tan avanzada. Y que quienes hoy se indignan por lo ocurrido con el ministro Fernando Grande-Marlaska, el famoso informe de la Guardia Civil y la destitución de Pérez de los Cobos, olvidan demasiadas cosas de una historia mucho más grave e inadmisible que lo que ha hecho o ha dicho este ministro del Interior.
España, hay que recordarlo, es esa democracia no tan avanzada donde un delincuente disfrazado de cura, pagado con los fondos reservados del Ministerio del Interior, se coló en la casa del extesorero del partido en el Gobierno para secuestrar a su familia a punta de pistola, al grito de "dónde está el puto pendrive"; a la caza y destrucción de pruebas que presuntamente incriminaban a la cúpula del partido en el poder. Hablo de Luis Bárcenas y la operación Kitchen, aún pendiente de un proceso judicial donde ya está imputado el anterior número dos del Ministerio del Interior del PP.
España es también ese lugar donde los fondos reservados del Ministerio del Interior, que pagamos entre todos con nuestros impuestos, se usaron para sobornar al chófer de Luis Bárcenas, al que el Gobierno presuntamente quería espiar para evitar que se fuera de la lengua sobre los sobresueldos en negro del Partido Popular.
España es esa democracia no tan avanzada donde el Ministerio del Interior creó una policía política que se dedicó a investigar sin control judicial a los rivales del Gobierno: a Podemos y a los independentistas. Todo esto ocurría bajo las órdenes del mismo Partido Popular que hoy se indigna y pide a Marlaska la dimisión.
Esa misma cloaca policial también fabricó pruebas falsas e informes contra los principales dirigentes de estos partidos de la oposición. Fue en esos años, por esos méritos, por los que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz condecoró al comisario Villarejo, hoy imputado en una treintena de casos de corrupción.
Fue también en España, esa democracia no tan ejemplar, donde ese mismo ministro del Interior reconoció en una grabación cómo usaba a la policía, a la prensa afín y a la justicia contra sus rivales políticos: "La Fiscalía te lo afina", como conviene recordar.
Ha sido en esta España, y no en una democracia ejemplar, donde la Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe plagado de bulos, errores y mentiras para acusar a la izquierda, hoy en el Gobierno, de varios delitos sin base alguna.
Ese informe es más que una chapuza: y en él se llega a manipular las palabras de al menos un testigo para que diga exactamente lo contrario a lo que dijo en su declaración. Son unos hechos gravísimos que, en otras democracias mejores que la nuestra, conllevarían algo más que una simple destitución de un mando de la Guardia Civil en un puesto de libre designación.
No es el primer informe policial con pruebas falsas que aparece en España. No es tampoco la primera ocasión en la que queda en evidencia que existe un Estado dentro del Estado, que no responde al mandato democrático, que es profundamente reaccionario, y que está fuera de control.
Porque cuando la derecha gobierna lo hace aplicando todos los resortes, todas las herramientas del poder: el político, el económico, el judicial, el mediático, el policial…
La izquierda hoy tiene el gobierno, pero no tiene el poder. El verdadero poder sigue en las manos de los de siempre, que van a hacer lo imposible por tumbar a este Gobierno de coalición al que tachan de "ilegítimo" porque no responde a sus intereses.
En las próximas semanas, esta ofensiva irá a más. Como ya advertí hace unos meses, va a ser la legislatura del 'lawfare': viene una ofensiva judicial y mediática sin precedentes para intentar echar al Gobierno salido de las urnas. Es una de esas batallas que no ocurren en las democracias avanzadas, pero en la que nos jugamos mucho: no la izquierda, todos los demócratas. Todos aquellos que aún creemos en la soberanía popular, en la igualdad de todos los españoles ante la ley, en que todos los votos valen igual.
Esto es una vergüenza, ya que el gobierno anterior del PP, hacia lo que quería para beneficiarse, de que no los demandarán cambiando leyes, y sin embargo este gobierno de ahora haciendo lo mismo, resulta que como ahora les perjudican sus propias leyes, piden las cabezas de ministros más honrados que los del PP.
ResponderEliminarPero lo peor esque algunos medios de comunicación, como el mundo, abc, El Confidencial, etc,etc, etc. Están con la dch. Y extrema dch. Para derribar al gobierno de coalicion. ¡¡¡LUCIA MENDEZ!!! No pensaba que fuera así de facha.