Mientras que la Guardia Mora de Franco recibe un poco más de siete millones de euros de los presupuestos del Estado, no hay dinero para desclasificar 10.000 documentos de la Guerra Civil y el Franquismo. La sección de Clases Pasivas de los Presupuestos destina esta cantidad millonaria para unos 18.000 veteranos y familiares que fueron partícipes del régimen franquista, no obstante, el Ministerio de Cospedal alega que el catálogo, elaborado durante el mandato de Chacón, donde se hallan esos 10.000 documentos, debe revisarse “documento tras documento”, lo que supondría un coste inasumible.
El listado que en su día elaboró el equipo de Chacón, trae información sobre campos de concentración y de la actividad censora, documentos de la Armada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial; la política del protectorado español en Marruecos o los planes nacionales de respuesta ante invasiones extranjeras. Elaborado con información de los tres ejércitos (Aire, Tierra y Armada), incluye expedientes sobre desertores, desterrados, detenidos y sospechosos. También recoge material relacionado con los antiguos "batallones de trabajo", documentos relativos a la actividad del espionaje español en ese periodo, material topográfico y criptográfico, información sobre los proyectos nacionales de construcción de armamento y la entrega de material militar por parte de EEUU. Toda una joya para los historiadores que llevan demandando esta desclasificación desde hace tiempo. 300 historiadores reclamaron al Gobierno de Rajoy poder acceder a tamaña documentación (ver documento). Petición que se ha dado de bruces con el neofranquismo del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
No en vano han denunciado al Gobierno del Partido Popular ante la ONU. Según la prensa digital:
La aragonesa María Purificación Lapeña Garrido ha presentado una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra España por no llevar a cabo la exhumación de su abuelo y su tío abuelo del Valle de los Caídos (Madrid) donde fueron enterrados tras ser fusilados.
La denuncia ha sido presentada por el abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ranz, por la vulneración reiterada de la tutela judicial efectiva ya que, según alega, la misma tiene, desde hace un año, el derecho judicial reconocido a dichas exhumaciones.
“Hemos acudido a Naciones Unidas buscando un fallo humanitario que haga cumplir al Gobierno español la sentencia que reconoce el derecho a exhumar a los hermanos Lapeña, fusilados como tantos otros por ser demócratas”, señala el letrado en un comunicado del que informa Efe.
En la denuncia se alega la “falta de sensibilidad del Gobierno español con las familias que pretenden exhumar así como la vulneración de la tutela judicial efectiva de la demandante, que hace un año obtuvo una sentencia y a día de hoy ningún ente público, administrativo o judicial ni persona alguna ha procedido a su cumplimiento”.
Por ello denuncia al Estado español por incumplir los pactos civiles y políticos, y pide que se dicte un fallo por el que María Purificación Lapeña recupere los restos de su abuelo y su tío abuelo, Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.
Recuerda que en los últimos cinco años el caso de los hermanos Lapeña ha sido visto por un Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.Incumplimientos de sentencias que implican a la memoria histórica, ocultación de documentos donde es más que seguro que el régimen totalitario de Francisco Franco, salga peor parado aún. ¿Alguien necesita más pruebas de lo que representan los conservadores del PP?
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