Artículo por Antonio Alfonso Hernández
Muy acertadamente, nuestro amigo Juan Antonio, propietario del blog, se hace eco de las desafortunadas palabras que ha dedicado el escritor Juan Eslava Galán a la popularmente conocida como, Ley de la Memoria Histórica en las que viene a criticar que los políticos se estén echando los muertos de la guerra unos a otros. Además, aclara lo siguiente. “ Me parece completamente lógico que el que tiene al abuelo o al bisabuelo enterrado como si fuera un perro en una cuneta, le busquen y rescaten esos restos para que le puedan llevar a un cementerio como Dios manda”. A continuación dice que la citada ley sólo se debería centrar en este tema.
Con todos mis respetos a este insigne y notable escritor de nuestras letras, me parece a mí, en realidad también a muchos, que aún se pueden hacer muchas más cosas en relación a este tema de las víctimas del franquismo, resignándonos, eso sí, a que en un tema esencial como es que los criminales fascistas durante la guerra civil y la dictadura, responsables de miles de crímenes cometidos en ese periodo negro de la historia de España, empezando por el líder supremo de esos criminales, Francisco Franco, ya nunca podrán ser juzgados y pagar por dichos crímenes
Pero claro que aún quedan cosas por hacer aparte de la imprescindible y fundamental búsqueda de los miles de desaparecidos que hay en España, para ser exhumados sus restos, identificados y enterrados dignamente donde dispongan sus familias. Sólo citaré algunas entre las muchas que se pueden plantear.
A saber:
Anulación de las sentencias condenatorias en los esperpénticos Consejos de Guerra que padecieron miles y miles de presos republicanos donde en la inmensa mayoría de los casos se decidía de antemano la suerte que iban a correr y en donde no se respetaban las más mínimas garantías de defensa. Un ejemplo entre otros muchos miles que se dieron de similares características. Alejandro Rebollo, abogado defensor de Julián Grimau, destacado comunista , que fue juzgado , sentenciado a muerte y finalmente ejecutado en 1963, contó a mediados de los ochenta que tan sólo le dieron tres días para leerse el sumario que constaba de miles de páginas y para preparar la defensa con su defendido. Según Rebollo, Grimau estaba sentenciado a muerte de antemano y en el juicio no se aportaron las pruebas suficientes que demostrara su culpabilidad en los hechos juzgados. Aclaración por mi parte; no se trata del hecho de si Grimau fue o no culpable de lo que se le acusaba, responsable de distintos crímenes presuntamente cometidos por él y ocurridos durante la guerra, sino simplemente que no se puede condenar a nadie si no existen las pruebas para condenarlo. Además, podríamos entrar fácilmente en valoraciones del tipo, qué legitimidad juzgadora podían tener los que habían cometido tantos crímenes. En cualquier caso, sabemos perfectamente que una gran parte de los que padecieron las farsas judiciales franquistas fueron condenados a muerte o a largos años de cárcel por el inexistente delito, en este caso, de auxilio a la rebelión. La justicia al revés que hemos denunciado muchas veces. El maestro, Francisco Espinosa, ha investigado a fondo en algunos de sus libros muchos de estos esperpentos judiciales celebrados en los años de oro del fascismo español que muy acertadamente califica el historiador Francisco Moreno Gómez, de fascismo rociado con agua bendita.
Podemos decir con claridad que la gran mayoría de las personas condenadas no habían cometido ningún delito de sangre, a pesar de que muchos de ellos se habían entregado creyéndose el vil engaño de los fascistas que habían prometido que nada tenían que temer los que no hubieran cometido delitos de sangre.
La reparación del honor y la dignidad de miles de personas que injustamente quedaron como delincuentes en los archivos judiciales, cuando en la inmensa mayoría de los casos tal “delito” no fue otro que tener unas ideas políticas diferentes de sus verdugos, es algo que agradecerían sus familiares. Sabemos que es un tema complejo desde un punto de vista jurídico pero creo que se debería hacer algo al respecto y abordarlo de una vez.
Otra cosa. Aún queda por darle una solución al emplazamiento donde deben reposan los restos del sátrapa y criminal Francisco Franco, el cual yace, como sabemos, en el mismo lugar que muchas de sus víctimas. ¿Qué hacer aquí? A nadie se le escapa que estamos ante una anomalía de gruesas dimensiones. ¿Cómo podemos permitirnos que exista un lugar de exaltación de semejante personaje que fue tan nocivo para España? Desde luego debe adoptarse algún tipo de solución definitiva al respecto. Entiendo que aunque no es nada fácil, habrá que coger el toro por los cuernos y adoptar algún tipo de medida. Muchos familiares de las víctimas que yacen cerca de su verdugo lo agradecerían.
Muchos de los que defendieron la causa republicana, también sus familias, sufrieron la represión económica que los fascistas pusieron en marcha contra ellos. La nefasta Ley de Responsabilidades Políticas promulgada casi al final de la guerra, es buena prueba de ello. Depuraciones profesionales, fuertes multas e incautación de bienes, entre otras medidas, fue la enorme losa que cayó sobre ellos dejando en muchos casos a las familias en la miseria más absoluta, aparte de que tuvieran que padecer la humillación y el oprobio de muchos conciudadanos que pasaban a tratarlos con desprecio y como si fueran apestados.
Claro que alguien pensará con tino, que los sublevados tampoco necesitaban resguardarse en leyes para perpetrar estas acciones como tampoco lo necesitaron para llevarse por delante de manera impune a miles de personas sin necesidad de juicio alguno., Conocemos casos en los que al tomar a sangre y fuego las diferentes localidades por donde iban pasando, falangistas o cualquier esbirro local se iban apropiando de algunas viviendas, incluso de muebles y demás enseres, de los que habían abandonado sus casas para ponerse a salvo. Al regresar, muchos de ellos tuvieron que pernoctar incluso a la intemperie agravándose el hecho por el portazo que les daban en las narices algunos vecinos que no quisieron arriesgarse a acogerlos ante el temor de que las nuevas autoridades les pudieran complicar la vida por dar refugio a un “rojo”. Nos podemos imaginar el infierno que tuvieron que sufrir para recuperar de nuevo sus viviendas. Me refiero, claro está, en aquellos casos en los que lo lograron.
El Estado en algún momento debería , en mi opinión, tener en cuenta el derecho que les asiste a los familiares de estas víctimas a ser resarcidas con algún tipo de compensación por el arbitrario e injusto perjuicio económico que se les infringió. Si se compensó ,hace muchos años ya, a sindicatos y partidos políticos a los que se les incautó bienes inmuebles durante la guerra civil y la dictadura, por qué no actuar de la misma manera con particulares que del mismo modo fueron desposeídos de sus bienes más preciados y castigados con imponentes multas.
Por increíble que resulté, todavía existen determinados archivos de la guerra civil y la dictadura a la que no pueden acceder los investigadores. En ello podría estar en juego el esclarecimiento de ciertos hechos y la posibilidad, por tanto, de llegar a la verdad de los mismos. Yo creo que por ley debería permitirse la apertura de esos archivos para los investigadores, que contengan información de interés general y que puedan arrojar luz sobre ese periodo tan trágico de la historia de nuestro país.
Anda que no quedan cosas por hacer. Bien sea a través de la citada Ley de la Memoria Histórica o de otras que se puedan aprobar para la dignificación y reparación del mal causado a las víctimas del franquismo.
ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ
11 de Enero de 2017
