El asesinato de Calvo Sotelo y las pseudo-realidades paralelas

Francisco Vázquez haciendo las delicias en los canales de la extremaderecha nacionalista

Hace varios días el ABC le publicaba un artículo al ex embajador en el Vaticano y ex alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez,  en donde afirmaba que el asesinato de José Calvo Sotelo, el cabecilla de la extremaderecha monárquica -que no líder de la oposición-, fue premeditado y con tres meses de antelación.

Por lo visto obra en su poder un documento que así lo acredita. Parece ser que es la declaración -extraviada- de un testigo presencial.

En el archivo de mi biblioteca obra un folio judicial, seriado y numerado, que me fue regalado por un amigo, compañero mío de la Inspección de Trabajo, el cual lo encontró entre los papeles de su difunto padre, el magistrado don Francisco García Vázquez, que en los aciagos días de 1936 era juez de primera instancia e instrucción.

 El escrito contiene la declaración efectuada en sede judicial por uno de los intervinientes en el asesinato de don José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio de 1936. El declarante, llamado Blas Estebarán Llorente, manifiesta ser el chófer de la camioneta-ambulancia que, según sus afirmaciones, trasladó hasta el cementerio del Este el cadáver del político asesinado. Leer más...

Según el relato de Francisco Vázquez "Esta afirmación, inédita hasta ahora, permite aventurar la existencia de una conjura organizada y planificada desde bastante tiempo antes a la noche del crimen urdido desde círculos dirigentes de los partidos de izquierda...". Es decir desde hace tres meses llevaban planeando el execrable crimen.

Le pedimos la opinión por las RRSS a Ángel Viñas y su respuesta no pudo ser más clara, rotunda y contundente:

 Según el testigo dado a conocer por Francisco Vázquez hacía tres meses que el comunista Juan Hernández  acompañado de un tal Antonio López, «le indicó que contaban con él para llevar a cabo un servicio con su camioneta-ambulancia». Para haber planificado el crimen con tanta antelación les salió una chapuza de primer grado.

En el asesinato de Calvo Sotelo se nota la improvisación. No olvidemos que entran con la cara destapada y se llevan al político monárquico enseñando una acreditación de la Guardia Civil. Veamos pues, se identifican y dejan testigos vivos -la mujer y sus hijos- que los pudieran delatar con total claridad. Esto no es un crimen planificado con tres meses de antelación. El testimonio de este testigo va más allá y afirma que el autor de los disparos no fue Luis Cuenca sino el teniente de los Guardias de Asalto Máximo Moreno. Da la casualidad que antes de su muerte en el frente, Luis Cuenca mandó una carta a sus hermanos «pidiendo perdón por aquella locura que le había convertido en un asesino». El testimonio que nos han descubierto no se puede tomar como verdad absoluta ni sirve como prueba total. La intención de Francisco Vázquez, el expolítico que perteneció al PSOE hasta el 2014, no es otra que confundir y de paso atacar a la memoria histórica. El artículo que le publicó el ABC, (el mismo ABC monárquico que apoyó el golpe de Estado del 36 y que en portada festejaba los cumpleaños de Hirler) a Francisco Vázquez acababa así:

PD: De entrar en vigor la nueva ley de Memoria Histórica presentada en el Congreso por quienes actualmente okupan (sic) la dirección del PSOE, el contenido del presente artículo podría llegar a acarrearme una pena de hasta cuatro años de cárcel, por mantener una opinión divergente con la «verdad única» que hoy se nos intenta imponer desde el afán revanchista imperante, que sectariamente busca acabar con el espíritu de reconciliación nacional que, con la generosidad de renuncias de unos y otros, supimos construir los españoles en el proceso de la Transición democrática.

Este párrafo es una patochada y una astracanada en toda regla. Un imbecilidad de las tantas que hoy se comparten por Internet. La nueva Ley que quiere aprobar el PSOE trata de convertir en delito la apología del franquismo: si es delito la apología del terrorismo, como no vamos a condenar el terrorismo de Estado que se practicó durante el franquismo. La ETA asesinó infinitamente menos que Franco. Para el sr. Vázquez la Ley de la Memoria Histórica es una Ley revanchista. Sacar a los muertos de las cunetas y eliminar vestigios de la dictadura franquista en una revancha. ¡Qué cierren mañana mismo todos los juzgados! Parece ser que administrar justicia es tomarse la revancha.

Un amigo me preguntó en una ocasión que porqué no se eliminaron las calles franquistas durante la transición "democrática". Resulta hasta graciosa la pregunta, ¿se cortó acaso con el franquismo? Aunque resulte paradójico, Pío Moa en esta ocasión tenía razón (por mucho que joda). El Régimen del 78 es heredero del franquismo. Esto es así y no hay más vuelta de hoja. Por eso cuesta tanto eliminar las calles del franquismo. 

La última navajada trapera ha sido la resolución de un juzgado de no apoyar la retirada de una calle en honor a los Caídos de la División Azul. La juez argumentaba que la Guerra Civil acabó en el 39 y que la División Azul que partió al frente ruso -rusos que eran aliados de la democracia-  a las órdenes de Hitler (no olvidemos esto) fue creada en 1941.

Para comprender porqué la juez se equivoca conviene leer un artículo del historiador Fernando Hernánde Sánchez:

¿Hay una Rue des Morts de la Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme en París?
Un juzgado de Madrid ha anulado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul. 

Se trata del enésimo capítulo frustrante en lo que toca a la dignificación del callejero de la capital.

 Uno lleva años diciendo que la enseñanza de la Historia del Presente es un imperativo cívico urgente y que el sistema educativo ostenta un agujero negro de enormes proporciones en lo que al conocimiento del devenir más próximo de España se refiere. No es este el momento para profundizar en estas ideas que ya he expresado en publicaciones que se encuentran al alcance del lector con un simple rastreo en la red.

Cuando la ignorancia sobre el pasado afecta a la ciudadanía en general, el resultado es la lamentable expresión de lugares comunes, inconsecuencias, estereotipos y simplezas que, amalgamadas, constituyen la masa madre de una opinión pública que se enfrenta con tan pobres herramientas a la comprensión de un presente complejo y desasosegante. Un coste que estamos pagando en forma de ascenso de partidos líquidos con programas cristalizados que apelan a los elementos más primarios del imaginario social: la nación, el rechazo del otro, la guerra entre sí del penúltimo contra el último.

Es un horizonte temeroso, pero que todavía no está escrito. De lo que estamos hablando ahora es de los efectos de ese desconocimiento elevado a la categoría de considerandos en una sentencia judicial, con efectos inmediatos y sancionadores de un pasado que no pasa, de un pretérito que sigue oprimiendo nuestro presente con el peso de la losa de cinco toneladas del mausoleo de Cuelgamuros.

Si el más elemental sentido común democrático nos indica que no hay calles dedicadas a los de la Legión Valona en Lieja, tampoco debería haber una vía con el nombre de su homóloga española en Madrid

El juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Madrid ha anulado el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul al entender que su modificación por parte del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, no se ajusta a derecho. Se trata del enésimo capítulo frustrante en lo que toca a la dignificación del callejero de la capital por su consistorio. Una guerra cultural que viene de lejos y que, como tantas, la izquierda viene perdiendo por goleada, ayudada en ocasiones por los tantos en propia puerta transformados por el comisionado designado, se supone, para desplegar las políticas activas de memoria histórica.

Llorar por la leche derramada o sentirse sorprendido por la incapacidad de las autoridades madrileñas para erradicar los últimos vestigios de una toponimia urbana que nos avergüenza ante el mundo democrático no sirve de nada. Las medias tintas dan de sí para poco. O peor: dan para que el auto del juzgado de lo contencioso n° 8 invoque las patéticas declaraciones de la propia presidenta del comisionado, Francisca Sauquillo, un prodigio de equidistancia, como fuente de autoridad para anular el dictamen del organismo que ella misma preside, o que se permita revelar con crudeza la debilidad de base de la posición municipal al señalar que “la calle puede suprimirse en aplicación de la competencia atribuida al Ayuntamiento de Madrid en el artículo 4 , apartado 4 , de la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación , espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal, y de conformidad con el artículo 17.1.n de la Ley 22/2006 de 4 de julio de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, pero no amparándose en la ley 57/2007 de Memoria Histórica”. Ese es el quid de la cuestión: ¿hay voluntad política de ponerle el cascabel al gato?

Entiendo que, si se opta por la vía del recurso —próxima estación: Desesperanza— en el citado comisionado hay historiadores que sabrán proporcionar argumentos suficientes. Y que lo harán con solvencia, porque el auto tiene agujeros, desde el punto de vista historiográfico, que de ninguna manera pueden haberles pasado desapercibidos. Si, como afirma la doctrina, los jueces hablan a través de sus autos, dice su señoría que “la División Azul se formó en 1941, dos años después de finalizar la Guerra Civil [y] no entra por tanto en el periodo de exaltación de la sublevación militar (1936), ni de la Guerra Civil”.

La División Azul y su corolario, la Legión Española de Voluntarios, fue parte integrante de las fuerzas que combatieron por el triunfo del Tercer Reich

Acierta en la fecha, pero yerra en el contexto. Si nos atenemos a la realidad jurídica del Nuevo Estado, en 1941 estaba en vigor el bando de guerra dictado el 28 de julio de 1936, base de toda la arquitectura represiva de la dictadura en cuanto a la consideración de quienes se opusieron a su promulgación como incursos en los delitos de conspiración, auxilio y adhesión a la rebelión, que tantas sentencias a muerte o a largos periodos de prisión fundamentaron en los juicios sumarísimos de urgencia de aquella década atroz. El bando y su consecuencia, el estado de guerra, se mantuvo al menos hasta que un auto del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1948 lo consideró formalmente derogado. En otras palabras, no hubo final de la guerra el 1 de abril de 1939: hasta julio de 1948, lo que hubo, parafraseando a Carl von Clausewitz, fue la continuación de la Guerra Civil por otros medios.

Sigue argumentando su señoría que la División Azul “sí se creó en el periodo de la dictadura, pero su actuación se desarrolla fuera de nuestras fronteras, y no fueron de exaltación a la dictadura”. Entendemos que, tras la supresión del principio de justicia universal, la jurisprudencia española no se considere concernida por lo que ocurra más allá de Hendaya, Port Bou o Melilla, pero eso no afecta a que las guerras de agresión, como en la que se insertó el contingente divisionario a raíz de la Operación Barbarroja contra la URSS, en junio de 1941, sean consideradas por el derecho universal post Nuremberg como crímenes de guerra.

Existe la tendencia emoliente a considerar la División Azul como una tropa variopinta, voluntaria, genuinamente celtibérica en la expresión del valor y en el anecdotario. En esa vía que nos conduce a comportarnos en asunto de memoria no como los países de nuestro entorno, como se decía en otras etapas, sino como los países bálticos, donde honran a sus unidades integradas en las Waffen-SS porque “combatían al comunismo”, se obvia que la División Azul fue la contribución de la dictadura al Pacto de Acero al que España se adhirió tras la entrevista de Hendaya. Y que, sin entrar a considerar si respecto al genocidio judío sus integrantes mantuvieron una posición de by standers o, por qué no, de disgusto ante la brutalidad nazi, lo cierto es que coparticipó en una campaña de guerra total, saldada en el Frente del Este con más de veinticinco millones de víctimas.

La División Azul sirvió para demostrar el compromiso del franquismo con el Eje y sus proyectos expansionistas
Continúa el auto: “No podemos encontrar paralelismo, ni reflejo de estas intenciones de las conductas que se exigen para que se entienda existente la exaltación, ya que los caídos de la División Azul no realizaron acciones o conductas exaltando la rebelión militar, ni la Guerra Civil, ni participaron en la represión de la Guerra Civil, ni mucho menos fueron instrumento o soporte de sostenimiento del sistema dicto rial implantado por Franco”. Es notorio y comprobable, a través de los objetos disponibles en museos o cualquier feria de coleccionismo militar que la División Azul, integrada en el ejército alemán, exaltó la simbología de ambas dictaduras mediante un emblema que combinaba el yugo y las flechas con la Cruz de Hierro y la esvástica.

Pero más allá de los fetiches, lo esencial es preguntarse para qué sirvió la División Azul. Y entre las respuestas no cabe ignorar estas: para demostrar el compromiso del franquismo con el Eje y sus proyectos expansionistas, en cuyo marco el caudillo albergaba el sueño de construir su propia parcela imperial; y para estrechar los lazos, compromiso militar mediante, con la Alemania nazi, cuyas autoridades policiales —visita de Himmler incluida—dejaron su impronta en la formación de los aparatos represivos y los servicios de inteligencia de la dictadura, columnas basales de su perpetuación por aniquilación del adversario.

La División Azul sirvió, además, para sufragar parte de la deuda de guerra contraída por Franco con Alemania durante la guerra de España. Solo en 1943, los haberes de los divisionarios españoles ascendieron a algo más de 75 millones de pesetas. A título comparativo, mientras el Subsecretario de Trabajo blasonaba de que su Departamento había empleado 60 millones en subvencionar a los afectados por siniestralidad laboral en 1944, la pagaduría del Ministerio del Ejército abonó a los alemanes adscritos a la División Azul 154 millones de pesetas en 1943 y otros cuatro millones en concepto de pensiones entre 1944 y 1945. La División Azul costó al Estado casi 625 millones de pesetas de la época, un 1% por ciento del presupuesto anual en un país donde imperaba el hambre.

La documentación de pagaduría permite saber además que, tras la pregonada desmovilización de la División, la Subsecretaría del Ministerio del Ejército siguió pagando las soldadas de la Legión Española de Voluntarios, los fanatizados que, integrados en la División Carlomagno de las SS, siguieron combatiendo hasta la caída de Berlín en mayo de 1945. Esto va más allá de la participación episódica, limitada a un breve periodo y circunscrita a una estricta parcela ideológica. La División Azul y su corolario, la Legión Española de Voluntarios, fue parte integrante de las fuerzas que combatieron por el triunfo del Tercer Reich y a las que, afortunadamente para nosotros, las Naciones Unidas vencieron en el campo de batalla.

Si el más elemental sentido común democrático nos indica que no hay calles dedicadas a los caídos de la Legión de Voluntarios Franceses en París o Toulouse, ni a los de la Legión Valona en Lieja, tampoco debería haber una vía con el nombre de su homóloga española en Madrid. Es cierto que, dada la evolución geopolítica de los últimos años en el convulso este de Europa, sí se reivindica a estas unidades en Riga, Tallin o Kiev. A esas alturas, deberíamos tener claro a quién queremos parecernos.