Prisiones belgas y prisiones españolas

No seremos nosotros quienes defendamos sistemas penitenciarios extranjeros, pero en España tenemos que hacer autocrítica. La fiscalía belga ha pedido un informe de la cárcel a la que pretenden llevar al legítimo presidente Carles Puigdemont. Según cuenta la prensa española la Fiscalía de Bélgica ha pedido...

...desde información sobre las cárceles españolas hasta detalles como la prisión en la que ingresarían los cinco políticos catalanes en caso de ser extraditados. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado poco después que ya ha remitido información "absolutamente detallada" sobre lo solicitado, y ha reiterado que "nadie en Europa va a dar lecciones" a España sobre su "ejemplar" Estado de derecho.

Esta solicitud del Ministerio Público belga ha desatado la ira entre el Gobierno del Partido Popular y entre infinidad de internautas afines al régimen del 78. En la tertulia derechista de Espejo Público, según me informo por las RRSS, han comentado un informe del Consejo Europeo donde no dejaban bien parado el sistema carcelario de Bélgica. Por lo visto, en dicha tertulia derechista, apareció Ignasi Guardians, -antiguo  miembro del partido del supuesto chorizo Jordi Pujol que fue defenestrado por sus compañeros por aceptar un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-. Guardiáns en Espejo Público ha afirmado que "las cárceles españolas se encuentran entre las mejores de Europa".

Un amigo dice que "lecciones en esta materia, poquitas nos pueden dar". Ciertamente las lecciones que nos puedan dar los belgas del sistema penitenciario nos las trae absolutamente al pairo, cada demonio que administre su infierno; además, Puigdemont no sería encarcelado en Bélgica. Allí están respetando su presunción de inocencia. Si Puigdemont va a la cárcel lo hará en una del régimen del 78. Por eso es normal la preocupación del fiscal de Bélgica.

Y es que si citamos informes del Consejo Europeo, en realidad es el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura quien emite esos informes, sobre la situación de las cárceles en España convendría que no nos mirásemos tanto al ombligo.

Betriz Asuar Gallego MADRID 16/11/2017 22:42

La tortura humana parece una realidad del Siglo XIX. Sin embargo, la cruda verdad de las cárceles españolas evidencia que todavía continúa estando presente: maltrato físico a los presos con bofetadas, puñetazos y patadas como castigos informales, inmovilización mediante sujeción mecánica durante 14 días sin supervisión ni registro adecuado, menores esposados a objetos fijos en salas aisladas obligados a orinarse encima y comisarías nacionales dónde se esconden objetos como palos, bates de béisbol, un látigo y una soga. 

Estos son sólo algunas de las denuncias que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) ha dado a conocer este jueves a través de un informe. Una delegación de la institución visitó durante trece días varias cárceles y centros de detención para elaborar el documento.

En las prisiones, la gran mayoría de los internos que se encuentran en módulos de régimen ordinario dicen no haber sufrido maltrato físico. Sin embargo, hay una buena cantidad de denuncias sobre maltrato (respaldadas por documentos médicos) por parte de detenidos de módulos de régimen cerrado y departamentos especiales: bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras. 

Algunas de las denuncias fueron respaldadas con lesiones que la delegación tuvo la oportunidad de ver o que quedaron anotadas en los registros médicos. Un recluso del Centro Penitenciario Teixeiro denunció el 9 de agosto de 2016 que, tras un altercado verbal con los funcionarios de prisiones en una inspección de su celda, el grupo roció la habitación con un spray de pimienta. Después, lo llevaron a una celda vacía donde le dieron varios puñetazos y le golpearon con porras por todo cuerpo. Allí le mantuvieron desnudo durante 36 horas y estuvo fijado, boca abajo, sin que pudiera acceder a un baño haciéndose sus necesidades encima. Tampoco le dieron de comer durante todo este tiempo. 

Mientras el preso estaba en el suelo, le pisaron los genitales y le intentaron introducir una porra de goma en el ano. Otro preso del Centro Penitenciario Puerto III denunció el 14 de enero de 2016 que, en el Centro de Huelva, tras presentar una queja verbal a un trabajador social, cinco funcionarios de la prisión le torturaron retorciéndole sus brazos y golpeándole con porras de goma en las muñecas, hombros, rodillas y muslos. Tirado en el suelo, el prisionero cuenta que le bajaron los pantalones y le intentaron introducir una porra de goma en el ano. 

La historia del recluso no termina aquí. El preso también denuncia que solicitó reconocimiento médico pero que la respuesta que recibió de la doctora fue: "No haré nada que pueda crearme problemas con mis colegas". También denunció al juez de Vigilancia Penitenciaria los malos tratos a los que había sido sometido, así como la falta de asistencia. Pero ambas quejas fueron desestimadas. 

El Comité denuncia los largos períodos de aislamiento de los presos: hasta catorce días y siete días a menores.  El caso de este preso, y como muestran los datos obtenidos, evidencian una falta de registro y notificación de las agresiones. Los médicos de las prisiones muestran actitudes reacias intentando evitar siempre que pueden realizar partes o registros de ellas. La situación tampoco mejora con los jueces de vigilancia penitenciaria que actúan como "meras autoridades para refrendar" decisiones de los centros "más que como entidades independientes e imparciales de supervisión".

Igualmente, se ha denunciado los largos períodos de aislamiento: hasta catorce días, con sólo un día de interrupción, y hasta de siete días a los menores. De hecho, a pesar de que este es el período máximo permitido, el CPT tuvo conocimiento de casos en que los menores habían sido sometidos a aislamiento como medida disciplinaria hasta tres periodos consecutivos de siete días.

La sujeción mecánica durante horas y días
En las cárceles se recurre a la inmovilización de presos mediante sujeción mecánica "durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", tal y como señala el informe. Es más, parece ser que en algunos casos el único motivo por el que se recurre a ella es punitivo.

Destaca aquí el caso de los menores. Si bien la mayoría de entrevistados en instituciones juveniles no presentan quejas, hay casos que denuncian claros ejemplos deplorables del uso de la sujeción mecánica. En el centro de Sograndio, les esposaban a objetos fijos en una sala aislada y en Tierras de Oria les sujetaban a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas. En este último centro, los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima.

Los malos tratos durante las detenciones
También hay varias denuncias sobre la actuación de los agentes policiales durante las detenciones, señalando "comportamientos irrespetuosos" y actuando de forma abusiva. Por ejemplo, uno de los reproches más comunes es sobre el hecho de ajustar demasiado fuerte las esposas.  

El Comité encontró en una comisaría objetos como palos, bates, un látigo y una soga.
También hay varias quejas sobre maltratos físicos en el momento de las detenciones. Una de las personas con las que habló la delegación denunció haber sido obligada a arrodillarse en una comisaría y que un policía le había pisado las piernas. E incluso, en una de las comisarías revisadas, la de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga. 

La detención incomunicada todavía legal en España
A pesar de que casi todas las personas entrevistadas confirman haber tenido oportunidad de contactar con algún familiar, los extranjeros retenidos por la policía declaran que no pudieron contactar con sus familiares en los casos en los que estos vivían fuera del territorio nacional, aunque no tuvieran ninguna persona a la que poder llamar en España. 

El informe recalca la importancia de la supresión de la detención incomunicada. A pesar de reconocer que su aplicación ha disminuido considerablemente en los últimos años, el Comité enfatiza que es necesario su eliminación por completo ya que atenta directamente contra los derechos humanos.

Alejandro Torrús. MADRID 08/06/2017 18:28
Las denuncias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por torturas, malos tratos y/o trato degradante continúan produciéndose. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha recopilado hasta 256 denuncias judiciales o sociales de ciudadanos en el año 2016 que se produjeron en 117 situaciones diferentes. Así se muestra en el Informe La tortura en el Estado español, que ha sido presentado este viernes en Madrid. 

Estas cifras suponen una continuidad respecto a las de 2015 y un extraordinario descenso si se comparan con los números de 2014. Ese año se registraron hasta 961 denuncias de ciudadanos contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este descenso respecto a 2014 se debe, especialmente, a la caída de la movilización social y a la externalización del control de la frontera Sur. 

No obstante, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura achaca la caída del número de denuncias a que haya ciudadanos que ya no se atreven a denunciar o que consideran que es una pérdida de tiempo. Así, a la explicación del descenso de las denuncias, la CPDT añade los siguientes factores: el "miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias"; "la desconfianza en los tribunales de justicia"; "la criminalización de quienes denuncian violencia policial"; la impunidad de quienes practican la tortura y su 'reconocimiento'"; y, por último, "la disminución de la capacidad de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos". 

Los migrantes, los que más denuncian
El informe de la CPDT realiza también una diferenciación de las denuncias según las circunstancias de las personas agredidas. En este análisis, es especialmente significativo que 147 de las 256 personas denunciantes son migrantes. "Ha de tenerse en cuenta que no todas las agresiones que registra el dato han tenido una motivación racista clara y directa", matiza el informe, que destaca que el número de migrantes que ha denunciado se triplicó en 2016. 

103 personas denunciaron a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 2016
El segundo colectivo que más denuncias ha presentado es el de las personas presas y, en tercer lugar, se sitúan las 20 personas que han denunciado agresiones en la represión de los movimiento sociales. Cabe destacar también que 18 menores han denunciado malos tratos, denuncias o trato degradante y que se trata del segundo año que no se registran denuncias de torturas de presos en situación de incomunicación. 

"En el presente informe no se recoge ninguna denuncia por tortura en situación de detención incomunicada. Sin embargo, pervive la legislación que permite la detención incomunicada y, por tanto, la posibilidad de que se produzcan en un futuro, más o menos próximo, casos de tortura y malos tratos en esta circunstancia", señala el informe, que "exige la derogación absoluta del régimen de detención incomunicada" ya que contraviene las indicaciones de los organismos de defensa de los derechos humanos. 

Llama la atención también el considerable descenso de denuncias procedentes de movimientos sociales en 2016. Si en el año 2012 se registraron 591 denuncias; en 2014, 450; y en 2016 el número se ha reducido a 20.  

Policía Nacional y funcionarios de prisiones, a la cabeza
La Policía Nacional es el cuerpo que más denuncias de personas acumula. 103 personas denunciaron a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 2016. Este dato equivale a un porcentaje del 40% del total de denuncias por agresión, malos tratos o torturas. El informe explica este hecho señalando que el Cuerpo Nacional de Policía es el que tiene las competencias de antidisturbios y custodia de los CIE. 


El siguiente grupo que más denuncias recibe es el de los funcionarios de prisiones, que han recibido 50 denuncias. Un análisis de estos datos permite comprobar que que la mayoría de las situaciones denunciadas se han producido en "espacios de privación de libertad, algo que reviste una especial gravedad puesto que se supone que en estos espacios la custodia es completa", según la CPDT.