Las momias del régimen del 78

Franco no encarcelaba por sus ideas políticas, sino por hechos que se derivaban del pensamiento político de las personas y que él consideraba ilegal. Leopoldo López no está preso por sus ideas políticas, está acusado de graves delitos y de instigar manifestaciones donde murieron 40 personas. Sin embargo con Franco hubo miles de presos políticos -y esto nadie lo puede dudar- y en medio mundo se asegura que en Venezuela exsisten presos políticos. Pero para los puristas lo que sucede en España es harina de otro costal. Puristas o constitucionalistas, es decir, palanganeros del Régimen del 78

Justiniano en la actualidad

Otra momia del pleistoceno ha sido desempolvada por El País. Justitiano Martínez, que alega que él si fue preso político y no los actuales líderes de Junts pel si.

Veamos, Rajoy no es Franco, y la Audiencia Nacional (antiguo TOP) no está plagada de jueces criados en el franquismo más criminal, pero no por ello vamos a negar las irregularidades que nos llevan a pensar que no se está actuando justamente con Puigdemont y con todos los políticos que están presos en la cárcel:

Por esta razón, por la injusticia que atisbamos provenir de un tribunal altamente politizado, queremos compartir con nuestro lectores una carta firmada por más de un centenar de personas ilustres. A ver si Paco Frutos y ahora Justiniano Martínez recuperan algo de cordura, porque de Felipe González y de Alfonso Guerra no podemos esperar nada. La conclusión a la que podemos llegar es a que no hace falta ser Franco para mandar a la porra el Estado de Derecho:

“El Gobierno español ha violado libertades y derechos”
Carta abierta en defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea firmada por 188 académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo, y enviada el 3 de noviembre de 2017

                                     BARBARA SPINELLI Y 187 FIRMAS MÁS

Carta abierta al presidente de la Comisión Europea Juncker y al presidente del Consejo Europeo Tusk.

cc. Primer Vicepresidente Frans Timmermans sobre la defensa del estado de derecho en la Unión Europea.

3 de noviembre de 2017

Estimado Presidente Juncker, estimado Presidente Tusk:

Somos un grupo de académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo que les escribimos con la siguiente preocupación:

La Unión Europea ha declarado que el principio del Estado de Derecho y el respeto de los derechos y libertades fundamentales son vinculantes para sus Estados Miembros (Artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa). Las autoridades de la UE han sido firmes protectoras de estas normas fundamentales, recientemente oponiéndose a los intentos del Gobierno de Polonia de menoscabar la independencia de los jueces, así como a las actuaciones del Gobierno de Hungría para limitar las libertades de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Sin embargo, observamos con profunda preocupación que los órganos gubernamentales de la UE estén consintiendo la violación del Estado de Derecho en España, en particular el modo en que las autoridades centrales de España abordaron el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. No adoptamos ninguna posición política sobre el contenido de la controversia por la soberanía territorial y somos conscientes de las deficiencias de procedimiento en la organización del referéndum. Nuestra preocupación reside en el modo en que un Estado Miembro de la UE está ejerciendo el Estado de Derecho.

El Gobierno español ha justificado sus actuaciones basándose en la preservación o restauración del orden constitucional. La Unión ha declarado que se trata de un asunto interno de España. Las cuestiones de soberanía nacional son, efectivamente, un asunto de política interior en las democracias liberales. Sin embargo, el modo en que las autoridades españolas han estado gestionando las pretensiones de independencia expresadas por una significativa parte de la población de Cataluña constituye una violación del Estado de Derecho, a saber:

1/ El Tribunal Constitucional español prohibió el referéndum sobre la independencia de Cataluña programada para el 1 de Octubre, así como la sesión del Parlamento Catalán programada para el 9 de Octubre, basándose en que estas acciones previstas violan el Artículo 2 de la Constitución española que estipula la indisoluble unidad de la nación española considerando, de este modo, la secesión ilegal. Sin embargo, al hacer respetar por esta vía el Artículo 2, el Tribunal Constitucional ha violado disposiciones relativas a las libertades de reunión pacífica y de expresión –los dos principios encarnados por los referéndums y las deliberaciones parlamentarias independientemente del asunto que traten. Sin interferir en controversias sobre la Constitución española ni el código penal español, constatamos que es una tergiversación de la justicia ejecutar una disposición constitucional mediante la violación de derechos fundamentales. De este modo, las resoluciones del Tribunal y las actuaciones del Gobierno español para los que estas resoluciones proporcionaban una base legal violan tanto el espíritu como la letra del Estado de Derecho.


2/ En los días previos al referéndum, las autoridades españolas emprendieron una serie de medidas represivas contra funcionarios, diputados, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. La caída de Internet y otras redes de telecomunicaciones durante la campaña del referéndum y posteriormente a la misma tuvo graves consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión.


3/ El día del referéndum, la policía española recurrió a un uso excesivo de la fuerza y violencia contra votantes y manifestantes pacíficos –según Human Rights Watch. Dicho uso desproporcionado de la fuerza es un indiscutible abuso de poder en el proceso de aplicación de las leyes.

4/ El arresto y encarcelamiento el 16 de Octubre de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural) acusados de sedición es un error judicial. Los hechos que han dado lugar a esta incriminación no deberían calificarse de sedición, sino como el libre ejercicio del derecho a la manifestación pública pacífica recogido en el artículo 21 de la Constitución española. Leer más...